Estamos acostumbrados a oir grandes alabanzas a la transición democrática española que habría sacado a este país de la dictadura franquista hacia un modelo de convivencia democrática sólidamente y sin traumas. Y eso es mentira.

Paso a paso, vamos dejando atrás lo que significó la dictadura en España. Se olvidan los muertos, se olvida la represión, se olvida cualquier detalle a pesar de los grandes aspavientos generados por la Ley de la Memoria Histórica, otro gran fracaso del gobierno de Zapatero. Muchos de los países que desde España se ven como “democracias jóvenes” (cualquiera de América Latina) han realizado procesos en los que se ha recuperado no sólo la memoria sino que se ha intentado devolver la dignidad a los fallecidos y a sus familias con juicios y recuperación de los restos.

En España no existieron juicios. De hecho, los miembros de los gobiernos de la dictadura permanecieron en la vida política y empresarial en activo durante los años que les permitió la longevidad de sus vidas. El ejemplo más notable es el del ministro de información de Franco en los 60, Manuel Fraga Iribarne, que a pesar de ser un hombre clave en la transición, fue el responsable del aparato represor del estado, y se ha mantenido en la política, ocupando el cargo de presidente de una Comunidad Autónoma (Galicia) durante años, y también la presidencia del principal partido de la oposición (Partido Popular). Nadie ha cuestionado su presencia, nadie ha pedido que se le aparte, nadie le pidió cuentas. Como él, muchos otros; miembros del ejército, la policía, y estamentos públicos, han pasado por una vida tranquila después de ser parte de la dictadura.

Ahora, algo que en cualquier país sería misión del estado, hacer las exhumaciones de las fosas comunes de los fusilados, identificar los cadáveres y devolvérselos a las familias, es rechazado por el senado elegido por los españoles, lo que implica que todos los españoles con derecho a voto, somos responsables de una de las mayores iniquidades que existen en democracia. Sólo 11 senadores han respaldado la solicitud de uno de ellos, de que el estado español realice esas funciones, que Amnistía Internacional viene reclamando de España reiteradamente, y que en este país queda a las posibilidades de cada uno, o de las asociaciones de memoria histórica existentes. Parece bastar con una oficina mal pertrechada y un número de teléfono para responder a 70 años de olvido. Les hemos negado la restitución de su identidad, les hemos negado el recuerdo. Un país que se llenó la boca reclamando que en Perú, Chile o Argentina no se juzgara a los dictadores nada más caer, es incapaz de cerrar unas heridas abiertas durante 70 años, relegando a la consideración de parias a quienes fueron detenidos injustamente, juzgados por tribunales ilegales, o simplemente ajusticiados en la soledad de una tapia de cementerio.

España no ha transitado hacia la democracia, sino que ha dado un salto en el vacío con los ojos vendados, para pasar página y cerrar un capítulo más de su oscura historia.